Estoy escribiendo esta columna desde Washington, el martes santo por la mañana, cuando se está desarrollando la VIII ronda de negociaciones del TLC y en estos dos primeros días santos se efectúa una reunión bilateral entre Colombia y Estados Unidos, de la mesa de agricultura.
El tema es de la mayor importancia para Colombia porque está claro que nuestro conflicto armado hunde sus raíces en el campo, por lo cual la desestabilización de sectores agrícolas o pecuarios tiene efectos no sólo en la economía, sino también en la guerra interna que queremos terminar.
Lo primero que debemos anotar es que la posición inicial del Gobierno y la oposición tienen el mismo mensaje. Hay un mensaje común que considera sumamente sensible el sector y plantea que si no se consigue una negociación satisfactoria en la materia, el tratado no se debe firmar.
Sin embargo, las preguntas que siguen nos alejan. La primera, ¿se puede conseguir una negociación satisfactoria en la mesa de agricultura? Y la segunda, ¿ese acuerdo parcial puede compensar las concesiones que el país va a hacer en otras áreas, tales como propiedad intelectual, telecomunicaciones y otros? El Gobierno cree a todo que sí. Nosotros, que no.
Tomemos la situación de algunos productos de la mesa del sector rural. Lo primero que se debe anotar es que la aprobación en el Congreso norteamericano del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, llamado el Cafta por sus siglas en inglés, no se ve fácil. En general, ha ido creciendo la oposición del Congreso de Estados Unidos a los tratados de libre comercio, por una combinación de la oposición del Partido Demócrata porque el Nafta les quitó puestos de trabajo a los obreros de su país, sumada a la defensa de intereses específicos de congresistas republicanos.
¿Ese acuerdo parcial puede compensar las concesiones que el país va a hacer en otras áreas?
En el caso de Cafta, el tema sensible es el azúcar, pues el tratado aumenta la cuota de exportación de esa región a Norteamérica, lo cual choca con los congresistas americanos vinculados a intereses azucareros.
Mientras no se apruebe el Cafta, no va a avanzar nuestro TLC, entre otras cosas porque se aspira a un aumento importante de la cuota de azúcar. Bueno sería lograrlo, pues no sólo ganan los cañeros del Valle, sino también los paneleros, de rebote. Si el Cafta, ya firmado, tiene su aprobación embolatada en el Congreso americano por cuenta del azúcar, ¿por qué podemos, razonablemente, esperar que nosotros consigamos más? Lo dudo, por decirlo benigna mente.
En trigo, Estados Unidos aspira a una desgravación inmediata, lo cual choca con la situación de 25.000 familias productoras minifundistas de Nariño, Boyacá y Cundinamarca, que se quebrarían de inmediato. Ahí está lo valseado, como dicen en Cali. El Gobierno parece dispuesto a entregar esa desgravación inmediata a cambio de conseguir concesiones para otros agricultores. Y a las 25.000 familias pobres, ¿quién podrá defenderlas? Producen solo el 7% de la demanda interna de trigo. ¿No es justo defenderlas? ¿O es mejor, parafraseando a Rudy Hommes, que salgan del mercado por ineficientes y mejor compremos trigo barato para abaratar el pan, aun a costa de que esas familias no puedan comprarlo? ¿Las metemos en el incierto terreno de la agenda interna para que busquen otra alternativa productiva? Ya se hizo hace 10 años con la cebada, y los resultados son desalentadores.
Los ejemplos del azúcar y el trigo son sólo dos de muchos otros donde ya es claro que entre el dicho y el hecho de lograr un acuerdo satisfactorio, empieza a verse el trecho.
Por Antonio Navarro Wolf
Fuente: Revista Cambio
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